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Imagen de la mina de Buriticá.
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Zijin-Continental Gold

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Minera china urge "intervención inmediata" del Gobierno por constantes ataques

Van dos muertos y más de 14 heridos.

El grupo Zijin-Continental Gold, de capital chino, urgió este martes una "intervención inmediata" del Gobierno colombiano en la mina de Buriticá, de su propiedad y ubicada en el departamento de Antioquia, por los constantes ataques que sufre, que han dejado dos muertos y más de 14 heridos.

La intervención en Buriticá, la mina subterránea de oro más importante de Colombia, es "urgente" tras los ataques, dijo la compañía en un comunicado en el que pidió que las autoridades verifiquen "la actual situación en la zona".

Según Zijin-Continental Gold, el lunes uno de sus colaboradores "resultó herido tras haber sido alcanzado por un disparo" y este martes ocurrió "un nuevo hecho delictivo en uno de los túneles de la mina de Buriticá", en el que fue incendiado un vehículo robojet Alpha 30 y sufrió daños un camión.

"Esta situación (...) se suma al atentado del pasado 17 de mayo, en el que fallecieron dos empleados de empresas contratistas y resultaron heridas otras 14 personas, incluidos cuatro miembros de la Policía Nacional", agregó la compañía.

Además, denunciaron, "las actividades de minería ilegal no han parado en ningún momento y, por el contrario, han intensificado su agresividad mediante la utilización de explosivos, detonaciones y armas".

En este contexto, hicieron un llamado "enérgico" al Gobierno para que "tome acciones efectivas e inmediatas con el fin de retomar el control territorial en Buriticá".

Esto, agregaron, garantizará "los derechos a los trabajadores de la compañía, de las comunidades y de las mismas personas que adelantan actividades de extracción ilícita en la zona, quienes están expuestos a condiciones infrahumanas que también ponen en riesgo su propia integridad".

Las minas son un objetivo habitual de grupos armados ilegales que perpetran ataques contra este tipo de infraestructuras y muchas veces son rechazadas por las comunidades alegando que causan daños ambientales.

EFE

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